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Juez militar se pronunciará sobre el programa de tortura de la CIA en el caso del 11 de septiembre

Carol Rosenberg
The New York Times
12 de febrero de 2024

Los abogados discutieron sobre la rara doctrina legal en un esfuerzo por desestimar el caso al comienzo de las audiencias preliminares en el caso del 11 de septiembre en Guantánamo.


La entrada al complejo jurídico de Guantánamo, donde se lleva el caso de la conspiración del 11-S. Credit...Marisa Schwartz Taylor/The New York Times

Un abogado defensor pidió el lunes a un juez militar que desestimara los cargos de conspiración del 11 de septiembre contra un preso saudí que fue torturado bajo custodia de la CIA, describiendo la red de prisiones secretas en el extranjero donde estuvo recluido el hombre como parte de una "vasta empresa criminal internacional" que traficaba con la tortura.

Los abogados defensores en el caso han dicho durante años que el caso debería ser desestimado basándose en una doctrina legal que rara vez tiene éxito y que implica una "conducta escandalosa del gobierno."

El lunes, Walter Ruiz se convirtió en el primer defensor en presentar el argumento ante un juez militar en nombre de Mustafa al-Hawsawi, acusado de ayudar a los secuestradores del 11 de septiembre con transferencias de dinero y organización de viajes.

El programa de interrogatorios y detenciones aplicado a su cliente "sacude tanto la conciencia", dijo, que el Sr. Hawsawi debería ser retirado del caso de conspiración.

En una presentación de casi un día de duración, el Sr. Ruiz utilizó documentos del gobierno para argumentar que el preso fue agredido sexualmente en su primer mes de detención, sometido a submarino por interrogadores de la CIA sin permiso, privado de sueño y mantenido aislado en condiciones oscuras similares a las de un calabozo a partir de 2003.

Para construir sus casos contra ex presos de la CIA, los fiscales hicieron que los llamados equipos limpios de agentes federales volvieran a interrogar a los acusados en Guantánamo en 2007, sin utilizar ni amenazar con utilizar la violencia.

Pero "no importa cuántos limpiadores traigan a este tribunal, no podrán limpiarlo", dijo el Sr. Ruiz. "Huele y apesta a coacción, tortura, brutalidad y depravación".

El programa de sitios negros de la CIA fue establecido por la administración del presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y fue clausurado por el presidente Barack Obama. Alrededor de 100 sospechosos permanecían incomunicados y sin cargos en prisiones de la CIA en Afganistán, Tailandia, Polonia y otros lugares, fuera del alcance de los tribunales estadounidenses.

Para crear y mantener el programa, dijo el Sr. Ruiz, Estados Unidos gastó cientos de millones de dólares pagando a países extranjeros para que les permitieran establecer instalaciones de la CIA en el extranjero, transportó prisioneros por todo el mundo y empleó a dos psicólogos para dirigirlo. Lo calificó de "vasta empresa criminal internacional que opera directamente fuera de los límites del derecho nacional e internacional".

El fiscal principal, Clayton G. Trivett Jr., defendió el programa, y las revelaciones de que el FBI colaboró con la C.I.A. en los sitios negros, como la respuesta de una nación herida y temerosa en guerra "mientras las torres aún ardían."

El 12 de septiembre de 2001, dijo el Sr. Trivett, Bush llegó a la conclusión de que Estados Unidos "ya no podía permitirse" continuar con su enfoque de "simple captura, detención, acusación y procesamiento" de la aplicación de la ley.

El Sr. Trivett dijo que tenía sentido que el FBI coordinara su investigación con la CIA, sobre todo porque se culpó a la falta de coordinación de los servicios de inteligencia de no haber impedido los atentados del 11 de septiembre. "Sería escandaloso que no fuera así", afirmó.

El momento de la argumentación sugiere que el coronel Matthew N. McCall, el cuarto juez que preside el caso, podrá decidir sobre esta cuestión potencialmente decisiva antes de que se jubile a finales de este año. El juez tiene una apretada agenda de testimonios sobre el programa de la C.I.A. y el papel del FBI. en el mismo este mes y a finales de año.

Para exponer sus argumentos en audiencia pública, el Sr. Ruiz dedicó horas a mostrar al juez -pero no al público- documentos secretos. Acusó a la comunidad de inteligencia de EE.UU. de clasificar excesivamente la información para ocultar "secretos sucios".

Uno en concreto, dijo, "no implosionaría necesariamente la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero sin duda sería embarazoso. Y feo. Y chocante".

El Sr. Ruiz argumentó que, a pesar del esfuerzo de la administración Bush por "legalizar la tortura" mediante memorandos del Departamento de Justicia que autorizaban el ahogamiento simulado y otras "técnicas de interrogatorio mejoradas", el expediente demostraba que los captores del Sr. Hawsawi "sobrepasaron, ignoraron y violaron incluso esas directrices específicas."

La CIA, por ejemplo, nunca ha reconocido la práctica del submarino al Sr. Hawsawi. Pero en abril de 2003, su segundo mes de custodia, según un estudio del Senado, el Sr. Hawsawi "clamó a Dios" mientras era sometido a una técnica de submarino en una prisión especialmente brutal de la C.I.A. en Afganistán con el nombre en clave de Cobalt.

Algunas violaciones fueron "pura venganza o represalia", dijo el Sr. Ruiz. Otras eran el resultado de la falta de formación y orientación, o de lo que el Dr. James E. Mitchell, el psicólogo que practicó el submarino de presos para la CIA, declaró hace años que constituía una "deriva abusiva".

El Sr. Ruiz instó al juez a rechazar un argumento de la acusación según el cual, en el juicio, el gobierno se basaría en las pruebas reunidas por el FBI como parte de una investigación criminal, en lugar de en las recopiladas por la CIA, que estuvo interrogando a los acusados del 11 de septiembre entre 2002 y 2006, antes de su traslado a Guantánamo.

El testimonio durante años, dijo, demostró una "relación simbiótica entre la C.I.A. y el F.B.I., sin una línea clara de demarcación".

La presentación ilustró el control que ejercen las agencias de inteligencia sobre lo que el público puede saber.

El Sr. Trivett, fiscal, pidió al juez que prohibiera al Sr. Ruiz mostrar públicamente al tribunal un artículo de periódico, así como un escrito que se había colgado públicamente en la página web del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El coronel McCall, el juez, accedió. "Tengo el deber de proteger lo que se me ha dicho que es información clasificada", dijo.

El Sr. Hawsawi y los otros tres acusados se ausentaron del tribunal durante la presentación.

Matthew Engle, representante del acusado Walid bin Attash, dijo que había tensión en la prisión por el cambio de prácticas o políticas que resucitaron "precauciones de seguridad que no han existido desde hace más de una década."

El Pentágono instaló recientemente al vigésimo tercer comandante de la operación de la prisión de dos décadas, un coronel del Ejército que había estado a cargo de un Batallón de Policía Militar en la prisión de 2018 a 2020.


 

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